Monitoreo Ciudadano

Gerardo Blyde: Difamación en medios públicos y la obligación de denunciarla (La Patilla)

Mientras la oposición vive un momento estelar con candidatos que recorren el país haciendo públicas sus propuestas y buscando que los electores se decidan a votar por una u otra opción en las primarias del 12 de febrero, el Gobierno ha iniciado una arremetida a través de los medios oficiales para vejar y calumniar a nuestros candidatos de manera brutal.

No existe ningún país democrático del mundo en el cual el poder se ejerza de manera tan abusiva y sin ningún límite como lo hace el Gobierno venezolano. Todo el aparato comunicacional del Estado está enfilado a desprestigiar personalmente a cada uno de nuestros candidatos. Lo hace a sabiendas de que no existe ningún órgano del poder público nacional que tenga la independencia y la fuerza de poner un coto y exigir el respeto debido que la Constitución consagra para todos los venezolanos. Las agresiones se realizan desde programas de opinión donde invitados y moderadores se confabulan y refuerzan en sus ataques, retroalimentándose los unos con los otros, hasta en la repetición de piezas especialmente diseñadas y producidas para descalificar y difamar que se exhiben sin límite a lo largo de toda la programación de los medios oficiales.

A Capriles, a Leopoldo y a María Corina ya les habían dedicado lo suyo, aunque de seguras volverán sobre ellos. Esta semana le llegó el turno de Pablo Pérez. Desde borracho hasta violento le han dicho, con montajes insólitos mezclando imágenes diversas sin ninguna ética al hacerlo. Han atacado a su esposa, a sus hijos menores. No hay límites para ellos cuando de mantenerse en el poder se trata.

Quizás a algunos muy radicales partidarios del Gobierno este tipo de acciones les parecerán adecuadas y, haciendo gala de un humor enfermizo, les divertirán. ¿Puede usted imaginar una reunión de creativos en la cual monten una de esas historias y se la encarguen a un caricaturista para que este realice las caracterizaciones que incluyan la burla, la difamación y la forma baja con la que finalmente tratan al adversario político? ¿Puede usted percibirlos viendo el producto final en alguna sala de edición aplaudiendo y riéndose por el producto obtenido para que el jefe lo apruebe y dé la orden de ponerla al aire? No se trata en estos casos de una opinión subida de tono realizada en un programa en vivo. Se trata de toda una acción conjunta premeditada que lleva a la elaboración de un guión, su producción y finalmente su inserción en la parrilla de los medios del Estado para ser exhibido de manera continua y causar el mayor daño posible.

El modelo comunicacional del Estado venezolano tiró a la basura cualquier consideración ética sobre las comunicaciones públicas. Sus actores no tienen ningún límite a la hora de producir y poner al aire cualquier material dañino que esté enmarcado dentro del objetivo de destruir moralmente al contrario. Se saben protegidos por el escudo de la más absoluta impunidad y saben que esto complace a los jerarcas del Gobierno pues sólo con su aprobación personal este tipo de materiales puede estar constantemente al aire.

Muchas veces se señala que los entes rectores de las comunicaciones en los países deben usar la misma vara para medir a todos los medios. En Venezuela no existe una sola vara, ni siquiera existen dos varas distintas para medir a los entes públicos y a los privados, que ya sería muy grave. Es que no existe ninguna vara para medir a los entes públicos. Pueden emitir los mensajes más vulgares, difamantes y grotescos que quieran y nadie les dirá nada.

Vea usted la programación de la Televisora Española (TVE) y notará la inmensa diferencia de cómo el canal del Estado español, financiado con recursos de todos los españoles, trata por igual a aquellos que están en funciones de gobierno y a quienes están en oposición. No existe ni puede existir en toda su programación una producción publicitaria destinada a difamar al adversario político. En los noticieros se cubren las noticias de los opositores con total neutralidad y en los programas de opinión se equilibra el tiempo de los invitados de manera que todos tengan acceso a exponer sus ideas y argumentos. No hay moderadores tomando partido a favor de unos u otros. Es, ciertamente, un canal del Estado español, no del Gobierno español.

Pensar en que aquí VTV deje de ser un canal del Gobierno y se convierta en un canal al servicio de todos los venezolanos es un imposible mientras Chávez gobierne. Pero al menos exigir que respete en su programación las mínimas reglas que determinan que ese medio no puede usarse para delinquir constantemente como la hace, difamando y calumniando; tengo la obligación de escribirlo en esta columna. Leer original